En
ocasiones las personas que dedicamos nuestros esfuerzos a analizar y tratar
de comprender nuestro entorno tenemos momentos de esperanza y de alivio.
La semana
que culmina trajo uno de estos momentos memorables, ya que ocurrió un
hecho jurídico de suma importancia para todos los que consideramos que la
libertad de expresión es un elemento indispensable en una sociedad democrática. Esto al dictarse la sentencia favorable a los realizadores y el protagonista del
documental Presunto Culpable (Hernández,
2008) en el caso en el que enfrentaban una demanda multimillonaria.
La
historia de claroscuros del documental mexicano que ha logrado la mayor
asistencia de público a las salas de cine de la historia está lejos de terminar,
ya que aún falta por emitirse sentencias en otros juicios relacionados pero, en
palabras de Layda Negrete productora de esta obra cinematográfica,“el centro
de gravedad de los litigios eran estos dos casos” por lo que las perspectivas de calvario se ha
reducido drásticamente.
En una
conversación que sostuvimos el día de ayer, la productora insistió en la importancia que esta decisión, junto con el
proceso legal y social que lo acompañaron, significa para los mexicanos. “Es un triunfo para nosotros y establece un precedente en la defensa de la
libertad de expresión”.
Si
revisamos la historia detrás de esta declaración se puede comprender con
facilidad su profundidad.
Tras acaparar la atención del público a lo
largo y ancho del país y recolectar algunos premios por su realización, el
equipo de abogados documentalistas que llevaron a cabo el inédito ejercicio de
seguir un proceso penal con cámaras y micrófonos se vio obligado a defender su
trabajo y su bienestar, esto al ser demandados por uso indebido de las
imágenes concernientes al caso y por el
hostigamiento de un policía judicial, el cual también se encontró retratado de
cuerpo entero en la película.
Enfática,
Negrete me dijo que se logró un juicio imparcial gracias a la discusión pública
y las manifestaciones en los medios de comunicación que mostraban lo que estaba
en juego y la toma de posiciones de varios sectores sociales y de los mismos
medios. De acuerdo con ella no se tuvo
un buen inicio de demanda ya que la actitud de las autoridades del TSJDF parecía
seguir una consigna. Algo que pareció demostrado con las actitudes de la
primera juez a cargo del caso, quien ordenó un juicio a puertas cerradas sin
posibilidad de ser grabado y emitió su opinión a priori al declarar que la película se “pasó de la raya”. A larga
esta polémica en medios fue la que llevó a la remoción de la juez original del
caso y su sustitución por un impartidor de justicia sin tales prejuicios.
“No fue un juicio entre partes de una demanda,
sino un juicio que determinó el derecho de libre expresión de los ciudadanos
frente la autoridad ineficiente y que ponía en tela de juicio el concepto de
crítica a los procesos opacos que se
llevan a cabo en casos como el que se maneja en nuestra película”, expresó
Negrete con completa convicción.
La
cuestión de si se trataba de una vendetta dirigida desde las más altas esferas
de la judicatura de la capital mexicana no es menor, y siempre quedará como una
mancha que no puede ser del todo lavada en la historia de censura del cine en
nuestro país.
La demanda
de tres mil millones que pendía sobre la cabeza de los Presuntos Culpables gang, como podría haberse llamado a los
demandados en un ejercicio de humor negro, era una amenaza contra toda la
comunidad cinematográfica y audiovisual de nuestro país. ¿Quién en su sano
juicio hubiera intentado realizar obras semejantes en adelante si podían perder
todo patrimonio y correr el riesgo de ir a parar a la cárcel por dar a conocer
hechos turbios en las esferas del poder judicial de la capital?
Y bajo
esta amenaza se encontraban incluidos exhibidores, distribuidores y quizá hasta los
compradores y usuarios de la misma película, al abarcar en la misma demanda una
prohibición a su venta y distribución comercial. Algo que también
podría llevar a la censura de las opiniones personales.
Quizá
suena exagerado a sus oídos esto, pero la realidad es que las conductas de
censura y delimitación autoritaria de los derechos fundamentales de las
personas por parte de las autoridades no son fáciles de detener una vez que se inicia este tipo de acciones.
Sólo hay que dar una rápida revisión a casos similares en la historia para
darnos plena cuenta de esto.
Lo
siguiente que hubiera podido ocurrir es
que no se pudieran trasmitir noticias, sin pedir permiso a los involucrados o
los mencionados. O quizá no podríamos
saber que ocurre en nuestra sociedad a través de los medios de
comunicación al ser activada una profunda autocensura por parte de las
compañías que no pueden arriesgarse a perder miles de millones por realizar su
actividad de información que, dicho sea de paso, se encuentra oficialmente garantizada
por la Constitución Política que nos rige.
O tan
simple como esto, sí el sentido del fallo en este caso hubiera sido diferente
yo no podría, con el tiempo, escribir esta columna y expresar lo que a mi
juicio es razonable y justo en este tipo de situaciones.
Me uno a
la celebración que muchos realizan esta semana y digo con completo convencimiento
que es una semana especial, de esas que deberían suceder más seguido, una
semana para documentar.
